Solicitará TSJ juicio de procedencia en contra de Sofía Martínez Huerta

Solicitará TSJ juicio de procedencia en contra de Sofía Martínez Huerta

Una vez que se compruebe de manera interna las diversas irregularidades cometidas por la ahora expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, el Pleno de dicha soberanía solicitará al Congreso del Estado el juicio de precedencia en contra de la exservidora pública.
Así lo adelantó la magistrada Concepción Flores Saviaga, quien dio a conocer las irregularidades en que incurrió como el presunto desvío de recursos por 60 millones de pesos del presupuesto 2020.
“Nosotros tenemos que darle trámite a las quejas, integrar las pruebas y en su momento, tomar la determinación, que pudiera ser, el que se pida el desafuero para que se proceda legalmente contra ella”, definió.
Enfatizó que en cuanto tengan resueltas las quejas de los integrantes del Consejo de la Judicatura y las quejas que los magistrados integraron por el incumplimiento de un deber legal; solicitarán el desafuero ante el Congreso del Estado.
Una vez que suceda eso, será la autoridad judicial la que la cite para que responda por las acusaciones en su contra, de acuerdo a los presuntos delitos cometidos tales como el desvío de recursos públicos, entre otros.
Indicó que parte dea las irregularidades cometidas fue el nombramiento de al menos tres personas en diversas áreas y que a pesar de haber sido destituidas, solamente las cambio de área.
Expuso que debido a la disposición irregular de los 60 millones del pesos del presupuesto anual, no saben si esto pondría en riesgo las prestaciones de fin de año y aguinaldos de los trabajadores.
Explicó que la revocación de mandato se hizo de manera legal y no como lo argumentó en un medio de comunicación a nivel nacional.
Reiteró que la sesión urgente votaron siete de los nueve nueve integrantes del Pleno.
Expuso que de acuerdo al artículo 162 de la Ley de Amparo, al haber violado las suspensiones de los magistrados que fueron retirados, Martínez Huerta incurrió en el delito de desacato a una orden del Poder Judicial Federal en donde la sanción puede ser la destitución o privación de la libertad.
Aunado a ello, como titular del Poder Judicial debía haber presentado la controversia constitucional por el retiro forzoso de los magistrados, al no hacerlo dejó a todos en un estado de indefensión en dicha soberanía.
Flores Saviaga mencionó que el Consejo de la Judicatura la convocó a cuatro sesiones, pero ante su negativa le levantaron las actas administrativas correspondientes por su inasistencia.
Puntualizó que otra de las irregularidades fue el ingreso de Iván García Sobrevilla como magistrado cuando era titular de la dirección general de Administración, cuando había sido destituido.
Agregó que José Luis Márques Reyes se desempeñó como subdirector de Recursos Materiales, pero Martínez Huerta lo volvió a colocar como titular de Infraestructura y Supervisión de Obras.
De la misma manera, Elisa Rodríguez Cruz fue subdirectora de Recursos Financieros, Mónica Morales como subdirectora de Recursos Humanos y, Rosa María Jiménez Abud, también exsubdirectora de Recursos Humanos, todas ellas fueron quienes autorizaron,  transfirieron y pagaron recursos públicos sin acuerdo del Consejo de la Judicatura.
“Esa es una violación administrativa grave. Aquí se habla de 60 millones de pesos, pero sin autorización del Pleno hizo una transferencia de recursos del presupuesto del Tribunal Superior de Justicia al Consejo de la Judicatura para ella disponer libremente de ese dinero y no lo podemos permitir”, sostuvo.
Por ello, habría cometido el presunto desvío de recursos y violaciones administraciones porque no debía tocar los recursos de sueldos y salarios, “se tomó ese dinero y no sabemos la finalidad”.
La togada recalcó que los integrantes del Consejo de la Judicatura presentaron las denuncias correspondientes ante la Contraloría Interna por dichos delitos el 21 de agosto, pero también los integrantes del Pleno del Tribunal presentaron una queja en contra de la expresidenta por no haber firmado la controversia constitucional para defender la autonomía del Poder Judicial.
Definió que el Pleno debe autorizar cualquier movimiento financiero, por lo que no sabe si están en riesgo los recursos para el pago de las prestaciones de fin de año, así como los aguinaldos.
“No sabemos si tenemos dinero para cubrir el gasto corriente como nóminas, aguinaldos y compensaciones de todo el Poder”, subrayó.

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