Siendo Veracruz una de las principales rutas migratorias en el país resulta necesario erradicar actos que vulneren los derechos humanos y desarrollar mecanismos de protección a los extranjeros en su paso por la entidad; por ello la Secretaría de Gobierno (SEGOB) emitió el Protocolo Interinstitucional para la Atención de Personas Migrantes.
Publicado en la Gaceta Oficial del Estado, el documento establece los conceptos básicos que deben conocer los servidores públicos, mismos que se regirán por principios como la exención de castigo por ingreso irregular, presencia o situación migratoria; además del enfoque diferenciado, tendiente a visibilizar la discriminación de los grupos históricamente vulnerados: mujeres, niños, comunidades indígenas y población LGBTTTIQ+.
Dado que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reporta más de 80 mil detenciones de migrantes en México de enero a noviembre de 2020, es posible apreciar una política administrativa que no justifica la actuación de la autoridad bajo el precepto de no discriminación, aun cuando dichas personas enfrentan situaciones como extorsión, agresiones, robo, operativos irregulares, secuestro, violencia sexual, homicidio, corrupción y trata.
Para un efectivo acceso a la justicia es imprescindible sujetarse a la gratuidad en los servicios gubernamentales, la perspectiva de género, la igualdad (mismos derechos que los nacionales), interés superior de la niñez, no discriminación, separación y revictimización; así como la presunción de inocencia, pues independientemente de su situación, los migrantes y sus familias tienen derecho al reconocimiento de personalidad jurídica.
En este sentido, ninguno puede ser privado de la libertad ni molestado sin cumplir las formalidades de un procedimiento y que exista una orden fundada por la autoridad competente; respetar el Procedimiento Administrativo de Migración y garantizar el derecho a la información, asistencia legal y consular, a un intérprete o traductor, a la educación, trámites civiles, integridad personal, protección de la salud y al debido proceso.
De esta manera, el Protocolo incluye a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Fiscalía General del Estado (FGE), Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, Servicios de Salud de Veracruz, Secretaría de Educación, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia –con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes–, Instituto Veracruzano de las Mujeres y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Con la entrada en vigor de esta coordinación interinstitucional, el Gobierno estatal actúa con apego en el programa especial Cultura de Paz y Derechos Humanos, derivado del Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 para garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos, como marca la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
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