Buscan Ley de Obra Pública que erradique por fin actos de corrupción

Buscan Ley de Obra Pública que erradique por fin actos de corrupción

Lamentablemente, el ramo de la construcción se ha visto afectado históricamente por los actos de corrupción que no han logrado ser erradicados ni en la presente administración federal.
“En una cultura de corrupción que por décadas ha echado raíces profundas en todo lo referente al manejo importante de la inversión de las obras públicas, es que el Estado Mexicano ha enfrentado y enfrenta uno de los obstáculos o retos más importantes a resolver en su combate frontal a este flagelo”, aseveró Ricardo Delsol Estrada  diputado federal de Morena.
Manifestó que de manera “cínica” la ética política, sólo es usada de manera enunciativa en los discursos retóricos en el combate a la corrupción, en tiempos que se profundizan los criterios legales o no, para seguir repartiéndose entre “grupitos”, los jugosos contratos en las dependencias públicas de los tres niveles de gobierno.
Por ello, es que diversos diputados federales, junto con organismos empresariales, llevan a cabo foros para conocer las opiniones de quienes están en el campo, detonando la economía del País.
De acuerdo con el integrante de la Comisión de Infraestructura de San Lázaro, uno de los rubros de la producción nacional más importante es, sin duda, la que se genera en la iniciativa pública y privada.
Durante la reunión con integrantes de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) de Veracruz; aseveró que la rama de la construcción ha representado en épocas de inversión sustantiva, más del 10 por ciento del PIB.
“En los últimos años la inversión en esta industria ha sostenido una tendencia a la baja, agravando el desplome en la economía nacional. La industria de la construcción es uno de los factores de la producción más sensibles en lo que respecta al crecimiento de nuestra economía”, enfatizó.
Asimismo, definió que las razones de la movilidad a la alza o a la baja de esta fuerza productiva del país, es múltiple, tiene una incidencia de la generación del empleo y pone en movimiento a más de 66 ramas de la producción instaladas en México.
Por su parte, Antonio Lagunes Toral, miembro de la AMIC, propuso mecanismos que inhiban la corrupción y se busque una forma de incentivar la inversión privada en la obra pública de México. 
Aseveró que uno de los principales problemas con la Ley de Obras Públicas es la desigualdad jurídica entre contratistas y el Estado.
Por una parte, nadie asegura el pago a los contratistas, pero ellos sí deben asegurar por medio de fianzas, las obras al Estado. 
“A nosotros como empresarios, ¿quién nos garantiza que nos van a pagar? Ya lo vimos en sexenios pasados en Veracruz, los adeudos con los contratistas son enormes y la Ley de Obras Públicas Io permite. Si el Estado no me puede garantizar el pago, necesito que sea el propio Estado el que me dé una fianza de garantía. La propuesta concreta es que el Estado también otorgue fianzas de garantía para que exista igualdad de condiciones de ambas partes”, pidió.
De manera que para la nueva Ley que cabildean tanto el diputado Delsol como la legisladora Martha Olivia García Vidal; propuso la creación de direcciones especializadas en la proyección de obra, con servidores públicos que tengan experiencia en la construcción, licitación y proyección de obras de inversión pública.
Por su parte, el presidente de la AMIC Veracruz, Christian Horacio Teczon Viccon, expresó que la intención de reformar la Ley de Obra Pública es porque en la ley actual, están echados a un lado en los procesos licitatorios, además de que no ha habido transparencia en el uso de los recursos públicos.
“Hemos mantenido las esperanzas en nuestros representantes populares, que sean sensibles ante las necesidades empresariales. Recordemos que las Mipymes generan el 50% del Producto Interno Bruto y el 10% de éstas, son del sector de la producción. Generamos arriba del 90% de empleos en el país”, recordó.
Por ello, lamentó la falta de asistencia de los legisladores veracruzanos al foro convocado y al que sí asistieron legisladores de otras entidades como Durango y San Luis Potosí, que integran la Comisión de Infraestructura. 

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