Con 90 votos a favor, el Senado de la República aprobó la reforma a la Ley General de Bibliotecas, para precisar que son de interés público todas las obras “producidas en territorio nacional” de contenido educativo, cultural, científico o técnico, distribuidas para su comercialización o de manera gratuita, en formatos impreso, electrónico, analógico o digital.
El dictamen plantea que dichas obras se integrarán al Depósito Legal, tomando en cuenta el respeto a los derechos de autor y la implementación de medidas tecnológicas de protección por parte de las Instituciones Depositarias.
Además, propone que las obras deberán ser entregadas dentro de los 90 días naturales siguientes a la fecha de su publicación, distribución comercial, difusión o puesta a disposición, “salvo aquellas que, por la naturaleza de su formato, producción o comercialización, requieran de un plazo mayor y cuyas prevenciones se establezcan en el reglamento.”
Y sugiere que los editores y productores que no cumplan con esta obligación se harán acreedores a una multa equivalente a 20 veces el precio de venta al público de los materiales no entregados. La aplicación de la sanción no excusa al infractor de cumplir con la entrega de los materiales y “se exceptúa de lo anterior a los editores de obras impresas en cualquier formato cuyo tiraje sea inferior a 25 ejemplares”.
El proyecto de dictamen, enviado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales, reforma los artículos 33, 39 y 43, y adiciona el artículo 34 Bis a la Ley General de Bibliotecas.
La senadora del PAN, Estrella Rojas Loreto, destacó que dada la naturaleza de los formatos que actualmente existen de los materiales educativos, culturales y científicos, se hace necesario realizar nuevos criterios para los formatos diferenciados; por ello, la reforma a la ley actualiza la elaboración y diseño de los materiales en los formatos impresos y electrónicos, analógicos.
Asimismo, agregó que se ajusta la multa para los editores y productores por el incumplimiento de la entrega de materiales para su depósito legal a las instituciones gubernamentales correspondientes.
Por unanimidad, con 89 votos a favor, el Senado de la República también aprobó un dictamen que incluye 203 iniciativas sobre la armonización legislativa en materia de la reforma constitucional de la Ciudad de México.
Al presentar el dictamen la senadora Patricia Mercado señaló que, pese a que la reforma entró en vigor el 5 de febrero de 2017, en la que se reconoce a la Ciudad de México como una entidad perteneciente al pacto federal y se elimina el concepto de Distrito Federal, aún existen diversas disposiciones que hacen referencia a dicha denominación inexistente.
Además, destacó que aún pueden encontrarse conceptos como delegaciones, Asamblea Legislativa e incluso, hay una ley que refiere a la Asamblea de Representantes, la cual dejó de existir hace 24 años.
En ese sentido, Patricia Mercado consideró que mantener alguna denominación obsoleta puede afectar la seguridad jurídica de las autoridades y de la propia ciudadanía; por ello, afirmó que con esta reforma las alcaldías, el Gobierno local y el Congreso de la Ciudad de México tendrán un espacio propio en el orden jurídico nacional.
El dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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