Ex visitador de la PGR en caso Iguala para fiscal anticorrupción

 

Alejandro César ChávezLos académicos que conformaron el comité consultivo seleccionaron como finalistas al exvisitador general de la Procuraduría General de la República (PGR), Alejandro César Chávez Flores; el excoordinador de Delegaciones de la PGR, José Bernardo Espino del Castillo Barrón; el extitular del Tribunal de Justicia Administrativa, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, y el embajador de carrera, Miguel Ángel González Félix.

Al entregar las evaluaciones que realizaron a puerta cerrada durante una sesión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Justicia y Anticorrupción y Participación Ciudadana, la académica María Cristina Puga Espinosa dijo que los aspirantes cumplen con el “perfil idóneo” de ética e independencia para ocupar la Fiscalía Anticorrupción por un plazo de año y medio.

Las deliberaciones, detalló, se dieron a puerta cerrada y sin recibir presiones externas, por lo que se trata de una recomendación “imparcial” y elaborada con base en las reglas establecidas para el funcionamiento de la Comisión de Acompañamiento.

Según el dictamen del Comité, los finalistas cuentan con “experiencia académica y profesional, los conocimientos específicos y generales, las capacidades organizacionales y de liderazgo, así como las capacidades estratégicas, valores y visión que se requieren para desempeñar una función tan relevante, especializada y puntal como es el cargo de Fiscal Anticorrupción”.

En entrevista al término de la reunión, el expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE), Luis Carlos Ugalde, consideró que el proceso de selección del fiscal anticorrupción debe darse sin condicionamientos o vetos de los partidos, en alusión al caso del exvisitador de la PGR, César Alejandro Chávez Flores, quien fue orillado a renunciar a la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) por los resultados de la auditoría a la Investigación del Caso Iguala.

En dicha auditoría se responsabilizaba al extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, y a otros funcionaros de la PGR de incurrir en irregularidades y afectar el derecho a la verdad en las indagatorias para esclarecer el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre del 2014.