Plantea diputado Bingen Rementería otorgar autonomía a la Contraloría General


-- Para dejar de ser dependiente del Poder Ejecutivo y poder así realizar una labor adecuada y eficaz, en el combate a la corrupción, señaló el diputado a nombre de diputados del PAN.

 

 

Partiendo del reconocimiento  que la corrupción en México, es uno de los males que no sólo laceran a la sociedad, sino que además, es uno de los factores que frenan el crecimiento y desarrollo del país, y que el binomio de la corrupción y la impunidad atentan contra el Estado de Derecho y sus instituciones, debilitando el estado democrático; el diputado del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Bingen Rementería Molina, presentó la iniciativa de Decreto que reforma el Artículo 33 fracción XIX y adiciona una fracción VII al artículo 67 de la Constitución Política del Estado.

Esto, señaló el legislador del PAN, porque la corrupción también es un obstáculo para el desarrollo económico y cierra las posibilidades de satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos. Asimismo, comprende conductas como nepotismo, extorsión, tráfico de influencias y uso indebido de información privilegiada para fines personales, entre otras prácticas.

Propone se adicione una fracción a la Constitución Política estatal, con la finalidad de incorporar como un órgano autónomo a la Contraloría General del Estado, la cual dejaría de ser parte de la administración pública centralizada, y que el Contralor General del Estado sea designado por las dos terceras partes del Congreso.

Asimismo, que la persona que se desempeñe como Contralor General del Estado a la entrada en vigor de este Decreto, de ser dictaminado favorablemente, por los legisladores veracruzanos, destacó Rementería Molina, no podrá participar en el proceso de selección correspondiente, lo que establece en los transitorios de esta iniciativa, que fue turnada a las Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

Consideró, en su propuesta, y como parte de un auténtico sistema estatal anticorrupción, se debe de dotar a la Contraloría General del Estado, de autonomía constitucional, para dejar de ser dependiente del Poder Ejecutivo y realizar, así, una labor adecuada y eficaz en el combate a la corrupción.

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