Inicio

Demandan a Yunes Linares por Tráfico de Influencias


-- El exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares fue denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias.

 

 

Dicha denuncia también se hizo extensiva para quienes fungieran, durante el periodo 2016-2018, como secretario de Finanzas, Guillermo Moreno Chazzarini; de Salud, Arturo Irán Suárez Villa; y el director administrativo de la Secretaría de Salud, Miguel Ángel García Ramírez.

En su querella, el empresario Alejandro Cossío Hernández solicitó a las autoridades de la PGR localizar a los susodichos para que sean investigados como presuntos autores de actos que se consideran constitutivos de ilícito y en caso de confirmarse se ejercite la acción penal correspondiente.

El denunciante narró que como representante de la persona moral IMHOTEP Asesores y Comercializadores, Sociedad Anónima de Capital Variable, le fue conferido poder para celebrar convenios o contratos a fin de comercializar servicios y productos manufacturados, distribuidos e importados por dicha empresa.

Fue así que mediante un contrato de asesoría con la empresa Grupo NRA, Sociedad Anónima de Capital Variable, obtuvieron la adjudicación de un contrato con la Secretaría de Salud para brindar el servicio subrogado integral de hemodiálisis, para diversas unidades hospitalarias pertenecientes a los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Explicó Cossío Hernández que debido a los resultados satisfactorios por el servicio brindado, el contrato se prorrogó del 1 de enero al 31 de marzo del 2017, sin embargo, el organismo público descentralizado receptor del servicio quedó a deber pagos.

Es por ese motivo, argumentó, que durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares realizó innumerables gestiones para cobrar lo adeudado, ya que la falta de pago iba en detrimento de su patrimonio y de las empresas que representa.

Ante la cerrazón de las autoridades del bienio gubernamental 2016-2018 fue que decidió, junto con otros empresarios, manifestarse el 16 de julio del años pasado en la Plaza Lerdo de esta capital para reclamar el pago, ante lo cual fueron invitados a pasar a palacio de gobierno para dialogar.

Después de 9 horas de espera y al saberse engañados por Yunes Linares, narró que fueron desalojados violentamente de la sala de espera del entonces gobernador, inclusive recibiendo amenazas de muerte.

Sin embargo, dijo en su denuncia, que un día después de haber sido agredido por agentes policiacos vestidos de civil, la Fiscalía General del Estado lo citó para la realización de un acto procesal al que acudió en calidad de investigado por la presunta comisión de un delito.

Añadió que presentó su contestación ante la Fiscalía demostrando que los señalamientos en su contra no tenían ningún sustento ni dato de prueba alguna que constituyera algún delito, pero que dicha situación lo colocaba en estado de indefensión.

Por el contrario, le hizo saber al Ministerio Público que donde sí era obligación investigar, era en la conducta asumida por Arturo Irán Suárez Villa y Miguel Ángel García Ramírez, quienes le imputaron hechos falsos para fincarle una responsabilidad, pero que hasta la fecha no se ha desahogado diligencia alguna.

Fue por eso que Cossío Hernández está solicitando a la PGR que los ex funcionarios aludidos sean investigados y sancionados por los siguientes motivos: porque ordenaron y ejecutaron actos ilegales en perjuicio de él y de la empresa que representa; dejaron de cumplir con deberes inherentes a su empleo en perjuicio de sus derechos; y promovieron la ejecución de actos oficiales que redundaron en beneficio de terceros, aprovechándose del puesto que ostentaban los ahora denunciados.

Información adicional