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Gobierno de Yunes cometió daño patrimonial por 338 MDP en su primer año


- Propone Orfis vigilar registros contables del Fideicomiso para mantenimiento de la deuda de Veracruz por retenciones indebidas que ascienden a 6 mil 747 millones de pesos



Xalapa, Veracruz.— El Gobierno de Veracruz, encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares, incurrió en un presunto daño patrimonial por 338 millones de pesos durante el ejercicio fiscal del 2017.

Este lunes, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) entregó a la Comisión de Vigilancia del Congreso local el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017.

El documento revela que durante el primer año del gobierno de Yunes, tres dependencias del Poder Ejecutivo, 11 entidades y dos fideicomisos cometieron daño a la hacienda pública estatal por ese monto.

De acuerdo con el Informe, además del presunto daño patrimonial, existen inconsistencias en las adjudicaciones directas de cuatro dependencias del estado por 262 millones de pesos.

Se trata de las secretarías de Desarrollo Social de Veracruz (Sedesol) por 40.5 millones de pesos, Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) por 71.7 millones, el Instituto de Espacios Educativos (IEEV) por 78.8 millones y en los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) por 71.7 millones de pesos.

Éstas dependencias no presentaron dictámenes de procedencia debidamente formalizados de acuerdo a la normatividad y a la legislación en la materia, según las auditorías practicas por el Orfis.

El mismo Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior detalla además que existen 6 mil 747 millones de pesos deudores por anticipos de la Tesorería de Veracruz a corto plazo que habrían sido retenidos del Fideicomiso para el mantenimiento de la deuda del estado.

Ante ello, el Orfis propuso que los registros contables de ese fideicomiso estén sujetos a seguimiento durante todo el 2018 para obtener suficiencia documental que permita fincar responsabilidades al actual gobierno estatal.

A partir de esta fecha, los diputados de la LXIV Legislatura deberán realizar un análisis de la fiscalización superior de la cuenta pública 2017 y dictaminar su aprobación a más tardar el 31 de octubre para continuar con el desahogo de responsabilidades.

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